El 25 de Mayo – La formación del primer gobierno patrio

El 25 de Mayo de 1810 se instaló la
Primera Junta compuesta por Cornelio
Saavedra como presidente, Mariano
Moreno y Juan José Paso como secretarios
y Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga,
Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan
Larrea y Domingo Matéu, como vocales.
La Junta se encargó de presentarse
como heredera de las autoridades
metropolitanas que estaban en manos
de Napoleón Bonaparte. Por eso, sus
miembros juraron fidelidad al monarca
Fernando VII.
Las primeras tareas de la Junta fueron
difundir sus ideas, lograr el reconocimiento
de su autoridad ante los pueblos, sofocar
los epicentros contrarrevolucionarios
y reunir un Congreso en que hubiera
representación de los distintos territorios
del virreinato.

Además, se fue desplegando una intensa
labor que se concretó en múltiples
reformas: Vieytes, en Salta; Castelli, en
el Alto Perú, Pueyrredón, en Córdoba;
Belgrano, en Paraguay; y Moreno, en
Buenos Aires propiciaron cambios
poniendo en acto las ideas que sostenían.
La Junta declaró la libertad de comercio y
disminuyó los derechos de exportación de
frutos del país en un cincuenta por ciento.
También decidieron abrir al comercio
exterior los puertos de Maldonado
en la Banda Oriental y Río Negro –
donde se halla Carmen de Patagones- y
el de Ensenada. Se buscó agilizar la
exportación de productos autóctonos y
promover el poblamiento de estas zonas.
Para ello, Moreno redactó instrucciones
respecto de cómo debía llevarse a cabo
la venta de los terrenos y el asentamiento
de los habitantes. Se establecía que no se
podía vender más de una cuadra y que
todo propietario de mayor extensión
podía ser obligado a vender a cualquiera
que lo solicitara, como modo de evitar la
formación de grandes propiedades.

Estas medidas se basaban en las
sugerencias de Pedro Andrés García,
que había sido designado para realizar una
expedición a la “frontera” con el objeto de
realizar estudios agrarios de la campaña
bonaerense, para luego repartir sus tierras
y colonizarlas. Estas ideas formaban parte
del Plan Revolucionario de Moreno.
Indígenas trabajando en las minas de
plata de Potosí. Allí, también planteaba
que invirtiendo “[…] una cantidad de
doscientos o trescientos millones de
pesos puestos en el centro del Estado para
la fomentación de las artes, agricultura,
navegación, producirá en pocos años
un continente laborioso, instruido y
virtuoso, sin necesitad de buscar
exteriormente nada de lo que necesita
para la conservación de sus habitantes,
no hablando de aquellas manufacturas
que, siendo como un vicio corrompido,
son de un lujo excesivo e inútil, que
deben evitarse principalmente porque
son extranjeras y se venden a más oro de
lo que pesan”. Proponía invertir dinero
para lograr una producción diversificada,
que permitiera un desarrollo autónomo
del Río de la Plata sin desviar la riqueza
del país hacia la compra de productos
importados. Fijando límites de
extensión se mantenían los aranceles a
la importación, no obstante la presión
de los comerciantes ingleses, su rebaja se
hizo efectiva bajo el primer Triunvirato
de 1811.

Para la época, las explotaciones mineras
eran uno de los pilares más sólidos del
privilegio español. Moreno propuso que
las minas de oro y plata fueran manejadas
por el nuevo gobierno y se prohibió
la salida del país de metales preciosos.
Se creó un fondo para impulso a la
industria minera. Los morenistas sabían
que no podría sostenerse el proceso
revolucionario sin la base económica, la
concentración social y el manejo de llave
estratégica del Alto Perú (actual Bolivia),
cuya población pasaba del millón de
indígenas explotados por una oligarquía
minera capaz de utilizar esas riquezas
para financiar la contrarrevolución desde
el Perú. Castelli durante su campaña al
norte y desde Potosí, declaró la liberación
de los esclavos, el fin del trabajo servil
de los indios, la reforma agraria y
expropiación de las tierras, ganados y
cultivos a los que habían huido hacia
Lima.

En la proclama dirigida al pueblo el 26 de
mayo, la Junta establecía que trataría de
lograr por todos los medios posibles “[…]
la observancia de las leyes que nos rigen
y el sostén de estas posesiones en la más
constante fidelidad y adhesión a nuestro
muy amado Rey y Señor D. Fernando VII
y sus legítimos sucesores en la Corona de
España”. Siguiendo estos lineamientos,
los integrantes de la Junta trataron de
conseguir la legitimación del ex-virrey,
el Cabildo y la Audiencia y los invitaron
a prestarle juramento.
Disgustados por esa exigencia, se
pusieron inmediatamente a trabajar en
la organización de la contrarrevolución.
Se propusieron levantar al resto de los
territorios del Virreinato contra la Junta,
para eso despacharon emisarios de la
contrarrevolución —especialmente
hacia Córdoba, que sería el principal
centro de actividades—.
Fusilamiento de Liniers en Cabeza de
Tigre. En respuesta a esta situación,
el sector morenista adoptó severas
medidas: el 22 de junio desterró a España
al virrey y a los oidores; se prohibió al
obispo Lue y Riega concurrir a la Iglesia
para que no utilizara el púlpito como
tribuna de la contrarrevolución y se
enviaron destacamentos militares hacia
el resto de los territorios. “[…] cualquiera
que hable o vierta especies contra el
Nuevo Gobierno, será remitido preso a
la capital”, esa era la orden.
En Córdoba, Santiago de Liniers, el
gobernador Gutiérrez de la Concha
y el obispo Orellana capitaneaban la
contrarrevolución. A ellos se sumó el
virrey del Perú, José de Abascal que había
desconocido a la Junta de Buenos Aires
y había incorporado preventivamente
las intendencias del virreinato a su
jurisdicción, las cuales debían depender
de la Audiencia de Charcas. El Cabildo
de Córdoba reconoció a Abascal y a la
Audiencia.

A instancias de Mariano Moreno, la
Junta decidió una enérgica acción:
envió una expedición de 1.500 hombres
comandadas por Francisco Antonio
Ortiz de Ocampo. Ocupó Córdoba sin
hallar resistencia y envió destacamentos
para capturar a los rebeldes. El Cabildo
cordobés había rectificado su posición,
dejando sin efecto el reconocimiento
de Abascal. Liniers y los otros cabecillas
fueron capturados y Ocampo recibió la
orden de fusilarlos, pero con la anuencia
de Hipólito Vieytes -representante de
la Junta en la expedición- decidió no
hacerlo y enviar a los prisioneros a Buenos
Aires. Ante la vacilación de Ocampo,
fue despachado para reemplazarlo
Juan José Castelli. Este cumplió la
orden emanada de la Junta y fusiló de
inmediato en la posta de Cabeza de
Tigre a los contrarrevolucionarios, sólo se
salvó el obispo Orellana por respeto a su
investidura. Córdoba reconoció a la Junta
y se nombró a Juan Martín de Pueyrredón
como gobernador-intendente.

Entre otras medidas, se ordenó la
realización de un censo a los habitantes de
Buenos Aires; para conocer los recursos
naturales y bienes disponibles. Los criollos
fueron incorporados para desempeñarse
en cargos administrativos; los indígenas
que conformaban los batallones de
Pardos y Morenos fueron equiparados e
incorporados a los batallones de criollos.

El Estado se dedicaría a la fabricación
de fusiles en Buenos Aires y Tucumán
y ordenó la creación de una fábrica de
pólvora en Córdoba. Además, la Junta
retuvo la dirección de la Iglesia y logró
incorporar en cargos superiores a los
curas criollos que adscribían a las ideas
revolucionarias. Se encargó a los curas de
las diócesis la lectura de La Gazeta desde
el púlpito .

paseo empalme

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